Toda decisión tiene sus consecuencias y el voto de la ciudadanía no iba a ser menos. Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas son oficiales y si existe una materia que se verá fuertemente condicionada es la vivienda. Tres años de negociación entre las fuerzas de izquierdas, mes y medio desde que se alcanzase un acuerdo final, a penas dos semanas desde que atravesó todos los trámites parlamentarios y tan solo tres días desde que entrase en vigor. Estos son los tiempos que ha necesitado la ley de Vivienda para ver la luz, un arduo proceso que no habrá servido de nada en la mayoría de territorios de España.

La derecha ha arrasado a lo largo y ancho del país, haciéndose con el control de nueve Comunidades Autónomas que se suman a las tres que ya controlaba previamente. Los gobernantes del Partido Popular (PP), encabezados por la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz Juanma Moreno Bonilla, ya han anunciado en reiteradas ocasiones que no aplicarán la ley allá donde ostenten el poder. Un total de 12 territorios en los que la ley de Vivienda no tendrá a penas aplicación dado que la mayoría de competencias en esta materia están transferidas a los Ejecutivos autonómicos.

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A estos hay que sumar País Vasco, gobernado por un PNV, donde el lendakari, Andoni Ortuzar, ya ha dejado claro que hará lo posible por no aplicar la nueva norma. Esta decisión de la derecha vasca no sorprende después de no contar la ley con el apoyo en el Parlamento al considerarla “una de las agresiones más serias” al autogobierno vasco y sus competencias. 13 territorios rebeldes en contra de una norma que pretende abaratar el precio de la vivienda para la ciudadanía. Cuatro serán las autonomías que tienen posibilidades de desarrollar la norma, tres de ellas gobernadas por la izquierda y una en el aire.

¿En qué territorios sí se aplicará?
Cataluña será uno de los territorios agraciados al estar gobernado por Esquerra Republicana (ERC), uno de los redactores y firmantes de la norma. El Govern, en palabras de su consejero de Territorio, lo anunció a finales de la pasada semana. “Utilizaremos todos los instrumentos de la nueva ley estatal para volver a regular los precios del alquiler”, trasladaba Juli Fernàndez en una entrevista. “Estamos en disposición de hacer los trámites de manera inmediata y lo haremos lo más rápido posible”, añadía el consejero.

Asturias, tras la revalidar el socialista Adrian Barbón su mandato, será otra de las ubicaciones geográficas donde la ley podrá aplicarse. A pesar de que Asturias no es precisamente uno de los territorios con el alquiler más tensionado, 13 concejos se podrían ver beneficiados si así lo estima el Ejecutivo de Barbón. En Castilla-La Mancha la situación es similar y aunque Emiliano García Page, que ha vuelto a conseguir la mayoría absoluta, ha propuesto otra legislación en materia de desahucios, ha asegurado que respetará lo aprobado. “A diferencia de otros, nosotros somos respetuosos con la legalidad vigente, pero también tenemos competencias en la materia, y deben ser compatibles”, traslada hace diez días el presidente.

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A estas tres CCAA podría sumarse Navarra. Hasta este domingo, la socialista María Chivite lideraba sin mayor problema en tierras navarra. De hecho, ya se había creado un registro obligatorio de vivienda libre en alquiler que garantizase la aplicación de la ley Foral de Vivienda y de la ley nacional. No obstante, los comicios han desprendido un resultado incierto y, para volver al Gobierno, Chivite necesitará en su investidura el apoyo o la abstención de EH Bildu.
El partido victorioso en Navarra ha sido UPN, pero no podrá formar Gobierno al no sumar con el resto del bloque de derecho, motivo por el que la izquierda podrá seguir dirigiendo si PSOE y EH Bildu dejan a un lado las lógicas electoralistas y piensan en el futuro de la región. De ser así, la ley de Vivienda se desarrollará y los alquileres se abaratarán para los ciudadanos navarros.
¿Qué aspectos se aplicarán a nivel nacional?
La construcción de un parque público de vivienda que alcance el 20%, la devolución de derechos a los inquilinos como no asumir el coste de inmobiliaria y comunidad o la protección de familias vulnerables que se enfrentan a procesos de desahucios, que ahora se prohibirá que no cuenten con fecha y hora predeterminada, son aspectos que se aplicarán a nivel nacional. Sin embargo, el aspecto que quizá sea más determinante, el tope al precio de los alquileres, no se aplicará en casi ninguna provincia. Los territorios liderados por el PP gozarán de la liberalización del suelo y la construcción sin freno, dos estrategias que no salieron bien en la burbuja inmobiliaria, pero que el PP sigue defendiendo.

El motivo por el que no se podrá regular y topar el precio de los alquileres en todas las localizaciones controladas por los populares es que, para ello, es necesario la definición de zonas tensionadas, lo que depende de los Ejecutivos autonómicos. Donde sí se establezcan, los alquileres no podrán incrementarse sean propiedad las viviendas de grandes o pequeños tenedores, tanto para inmuebles nuevos en el mercado como para los ya presentes.
Las fórmulas son diferentes, siendo a través de la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores. Tampoco se podrán renovar anualmente los contratos conforme al IPC, sino que podrán incrementarse, como mucho, un 2% en 2023, un 3% en 2024 y, a partir de entonces, se diseñará un nuevo índice más estable e inferior a la evolución del IPC.
Más de la mitad de los hogares españoles se encuentran en zonas tensionadas. Para recibir esta denominación es necesario que la zona cumpla uno de los requisitos (o los dos) establecidos en la ley: que la carga media del coste del alquiler o de la hipoteca más los gastos y suministros necesarios para vivir superen el 30% de la renta media de los hogares; o que el precio del alquiler o la compra de la vivienda haya aumentado tres puntos por encima del IPC (Índice de Precios de Consumo) en los cinco años previos a la declaración de la zona como tensionada. Cabe destacar que únicamente es necesario cumplir uno de los requisitos para entrar dentro de este grupo.
Según el estudio de la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics, el 60% de los códigos postales españoles, 2.300, que incluyen a 13 millones de hogares, cumplen estos preceptos. Barcelona, con 198 códigos postales, es la provincia que tiene mayor número y en la que sí se aplicará la ley. De los siguientes con más CCPP, ninguno podrá disfrutar de la ley: Madrid, con 179, Baleares (138), Valencia (116) y Málaga (111), son algunos de los territorios donde los ciudadanos no gozarán del abaratamiento de los alquileres y tendrán que confiar en la construcción y la liberalización para poder pagar la renta.