La difícil situación que vive el sistema judicial en España se ha agravado a consecuencia de la crisis pandémica, unido a la crónica desatención dispensada por los poderes públicos. A una mayor saturación de la Justicia se le suma el deterioro constante de las condiciones en las que trabaja un colectivo clave para garantizar el derecho de defensa de la población más vulnerable, como es la abogacía que ejerce en el Turno de Oficio y Justicia Gratuita, que hace que sea eficaz el artículo 24 de la Constitución Española.
Para tener un conocimiento real de la Asistencia Jurídica Gratuita y el Turno de Oficio en España, puedes descargarte gratuitamente en este enlace el último "Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita" del Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación Aranzadi LA LEY.
Por ello, el Consejo General de la Abogacía Española, órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83 Colegios de la Abogacía de España, y en representación de los más de 150.000 abogados y abogadas de España, cree necesario que las Administraciones Públicas, instituciones y formaciones políticas impulsen un Pacto para mejorar la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio.
Puntos esenciales
- Dignificación, accesibilidad, transparencia y atención para una mejor calidad de la Justicia, a través de una serie de instrumentos que protejan de manera efectiva la calidad en el trato a los profesionales y a la ciudadanía en las actuaciones ante el sistema judicial.
- Retribución digna de las actuaciones realizadas por los profesionales de la abogacía que prestan los servicios de la Justicia Gratuita a través del  Turno de Oficio, y su actualización conforme el IPC.
- Reconocimiento, y compensación, de todas las actuaciones de los profesionales de la abogacía en las intervenciones derivadas del Turno de Oficio.
- Promover los acuerdos extrajudiciales en detrimento de la litigiosidad en la regulación de la Justicia Gratuita, e incluso incentivando económicamente lo anterior.
- Garantizar que las actuaciones de los profesionales de la abogacía que hayan de ser asumidas por imperativo legal o judicial, a través del Turno de Oficio, obtendrán la correspondiente compensación económica.
- Garantizar el acceso de los ciudadanos al sistema de Justicia Gratuita a través de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en vez del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
- Lograr que las Comisiones de la Administración, responsables de conceder el beneficio de la justicia gratuita actúen con criterios equiparables entre ellas, evitando disparidades y contradicciones
- Modernización de la Justicia, finalizar la implantación de los medios telemáticos a nivel policial y judicial en todas las jurisdicciones e instancias.
- Creación de turnos de oficio especializados en materia de protección internacional en aquellos territorios con mayor número de solicitudes (como zonas de llegadas marítimas, aeropuertos internacionales y CIES).  Estos deberán promoverse entre la abogacía formación obligatoria y gratuita para acceder a los turnos de oficio de extranjería y protección internacional exigible a través de su normativa reguladora.
- Reducción de las cargas burocráticas para los profesionales de la abogacía y para las organizaciones colegiales en orden a la justificación de las actuaciones derivadas del Turno de Oficio y Justicia Gratuita, así como exigir a las Administraciones territoriales y órganos judiciales su corresponsabilidad en las tareas de la gestión.
Estas solicitudes serán abordadas en las sesiones deliberativas del XIII Congreso Nacional de la Abogacía, que tendrá lugar los días 3 y 5 de mayo en Tarragona.
Desde la abogacía española se insta a que a que las administraciones públicas con competencia en materia de justicia, al resto de instituciones y a los partidos políticos a trabajar para alcanzar un pacto que responda a las necesidades del servicio público de Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, y de los profesionales que prestan este servicio.