Era una de las grandes promesas electorales de la izquierda ante las elecciones generales de 2019 y uno de los principales compromisos del Gobierno de coalición, pero finalmente la derogación de la conocida como ‘ley mordaza’ no verá la luz esta legislatura. La reforma impulsada por el PNV y que contaba con el apoyo del PSOE y de Unidas Podemos fue tumbada este martes en la Comisión de Interior en el Congreso por el ‘no’ de ERC y Eh-Bildu, que criticaron que no se eliminaban los aspectos “más lesivos” de la Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Mariano Rajoy y que la reforma era “light”.
Los principales escollos hacían referencia a la no prohibición de las pelotas de goma entre el material antidisturbios, las sanciones por desobediencia, resistencia y faltas de respeto a los agentes de la autoridad y las ‘devoluciones en caliente’.
Pero el choque por esos puntos ha echado por tierra los acuerdos alcanzados en una negociación que comenzó con el texto del PNV en 2017 y que ya se frustró en 2019 por la convocatoria de elecciones. Tras lo ocurrido, las formaciones partidarias de la derogación de la 'ley mordaza' se han lanzado reproches cruzados, mientras que en Podemos hay discrepancias sobre a quién culpar (la líder 'morada', Ione Belarra, culpa al PSOE por el "choque" con los socios mientras que en IU y En Comú señalan a la responsabildad de ERC y Bildu).
“Recuperar los derechos de protesta recortados, dar un enfoque progresista a los derechos de reunión, expresión y manifestación e introducir la restauración y la mediación como alternativa a la sanción y al uso de la fuerza” son los tres “hitos” que lamentaba el portavoz de Unidas Podemos Jaume Asens que no hayan salido adelante.

La reforma cambiaba el 60% de la ley
El grupo de trabajo de la reforma de esta ley había retocado 36 de los 54 artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana (más del 60%) y se habían incorporado casi una decena de disposiciones adicionales sobre la base de la iniciativa del PNV, según el documento de trabajo elaborado por Unidas Podemos al que ha accedido Efe. Los principales cambios acordados se extienden a través de unas 40 enmiendas transaccionales y otra decena de parciales.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana sustituía en su artículo 1 la expresión "tranquilidad ciudadana" por "convivencia ciudadana", con el objetivo de dotar al texto de un enfoque "progresista".
La norma derogaba la infracción contra protestas o reuniones espontáneas no comunicadas siempre que sean de forma pacífica. En la actualidad, estas protestas se sancionaban como infracción leve con multas de 100 a 600 euros.
Cambios en el ‘rodea el Congreso’ y el criterio de “veracidad” del policía
También dejarían de ser infracción grave las manifestaciones que provoquen "perturbación grave de la seguridad ciudadana" frente al Congreso, el Senado o las asambleas autonómicas.
Se restringiría respecto a la norma actual la posibilidad de multar subsidiariamente a organizadores de manifestaciones cuando se produzcan altercados. Estarán exentos de responsabilidad si han adoptado las medidas de seguridad previstas.
El acuerdo eliminaba de la norma de 2015 el criterio absoluto de "veracidad" de los agentes para sustituirlo por la exigencia de "lógica, coherencia y razonabilidad" en declaraciones y atestados. La izquierda ha ligado ese criterio de veracidad a los “abusos policiales”.
Tiempos de identificación reducidos y permisividad en la grabación de imágenes
Los tiempos de identificación en dependencias policiales cambian. Además de practicarse de modo "excepcional", serán un máximo de dos horas, salvo causa "justificada y verificable", que podrá prolongarse hasta seis horas.
La mera grabación y difusión de imágenes de actuaciones policiales no sería sancionable, una modificación "impuesta" por el Tribunal Constitucional que en noviembre de 2020 no avaló este precepto. Únicamente sería infracción grave cuando esas imágenes afecten a la intimidad o seguridad de los agentes.
Se derogaba así la infracción que permitía perseguir a los periodistas por el ejercicio de su profesón en las manifestaciones en caso de difundir estas imágenes.
Por otra parte, la reforma establecía que el uso de cámaras de videovigilancia policial en la vía pública debería hacerse constar en cada atestado.
La reforma eliminaba el concepto de registro domiciliario y establecía que los registros corporales solo se pudieran hacer de modo excepcional y preservando el derecho a la intimidad. La norma también eliminaba las identificacione discrecionales o discriminatorias a ciudadanos.
Se reduce el importe de las multas y se eliminan algunas
El texto reducía el importe de las multas en función de los ingresos del sancionado con respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De esta forma, para quienes cobren hasta 1,5 veces el SMI, la reducción será del 50% sobre el importe, en tanto que los que tengan un salario de entre 1,5 y 2,5 el SMI la rebaja será del 25%.
Se introducía el concepto de "conciliación", es decir, se podría sustituir la multa o reducirla si hay acuerdo entre el autor y el perjudicado, además de abrir la puerta a una actividad reparadora. Estas medidas preveían potenciarse si el infractor es menor.
Por otra parte, la tenencia de cannabis hubiera pasado de ser infracción grave (multada con entre 601 a 30.000 euros) a leve -de 100 a 500 euros. El cultivo de estas plantas en balcones solo se hubiera podido sancionar si es accesible al público.
La reforma también eliminaba la infracción por exhibicionismo, por lo que "la práctica del nudismo hubiera quedado más protegida", destacaba Asens en su Twitter.
Igualmente, se eliminaba la infracción de las ocupaciones en sucursales bancarias u otros edificios, algo que reivindicaba la Plataforma Antidesahucios (PAH). Y también se eliminaba la infracción por el 'Top Manta'.
Por último, la reforma introducía la mediación y la formación en la Policía para evitar el uso de la fuerza.
Reproches cruzados
Tras el fracaso de la reforma de la ley, los partidos políticos han echado balones fuera y culpado a otros de lo ocurrido.
El PNV, impulsor de la reforma, y el PSOE, aseguran que los culpables tienen “nombre y apellidos” y son quienes votaron este martes en contra en la Comisión de Interior del Congreso: ERC y EH-Bildu. Aitor Esteban (PNV) ha criticado este miércoles en TVE que ha sido un “error” dejar caer la ley y ha lamentado que se esté “jugando al preelectoralismo”.
El portavoz del PSOE, Patxi López, cargó este martes contra las “excusas” y “mentiras” de los partidos independentistas y dejó claro que su partido no iba a “desproteger y desnudar de autoridad” a los agentes policiales, como tampoco pretendía tocar las llamadas ‘devoluciones en caliente’ con esta reforma puesto que considera que corresponde hacerlo en la Ley de Extranjería. Y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dado por "cumplido" el compromiso del Ejecutivo al votar a favor de esta reforma de ley, pese a que no haya salido adelante.
Pero en Podemos, en palabras de Ione Belarra, creen que los socialistas son responsables del “choque” entre las formaciones partidarias de derogar la ‘ley mordaza’ al convocar sin que hubiera un acuerdo este martes la Comisión de Interior y no posponerla con el fin de llegar antes a un consenso, con lo que han "dejado caer” la norma. Aún así, las distintas ramas de Unidas Podemos han mostrado diferencias a la hora de repartir culpas, dado que Izquierda Unida y En Comú Podem señalan a la actitud de ERC y Bildu.
Este miércoles, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que "el fracaso es de quienes prometieron derogar la ley mordaza y no lo han hecho", en referencia al PSOE, y ha justificado que no le valían los cambios pactados porque sería una reforma “light”: "Es que lo del mal menor ya no cuela. Lo del 'vótame a mí para hacer lo mismo con una sonrisa', pues ya no cuela".