El nuevo Consejo General del Poder Judicial que preside desde el pasado mes de octubre, Rafael Mozo, celebra su cuarta reunión extraordinaria en los últimos cuatro meses. Este encuentro marca un nuevo récord de plenos extraordinarios del órgano de gobierno de los jueces desde el año 2015, con el gasto que supone para las arcas públicas. Cada uno de los vocales ingresa una media de 1.000 euros en cada cita extra que celebra.

El Poder Judicial no llegó a abordar en el pleno ordinario del pasado mes de enero el documento que aprobó la comisión permanente, y que les adelantó la Cadena SER, para reclamar a las presidencias de las Cortes su renovación y la derogación de la ley que les impide hacer nombramientos. El informe, que firman los vocales Álvaro Cuesta y Juan Manuel Fernández, subraya que "ningún Poder del Estado puede permitir la suspensión temporal de nuestra Constitución" y alerta de la urgente necesidad" de cubrir las vacantes judiciales.
Dice que la reforma del gobierno es "ineficaz" porque no ha servido para forzar la renovación del Consejo del Poder Judicial y que "no resulta coherente" devolver esta facultad para hacer nombramientos en el Tribunal Constitucional y no para efectuar nombramientos en otras plazas como las del Tribunal Supremo. "La cualidad del Tribunal Supremo de órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales, le hace acreedor de recibir el mismo tratamiento", dice el documento. El pasado 16 de enero, la sala de gobierno del Tribunal Supremo alertó de la "situación insostenible" en la que se encuentra el alto tribunal por la falta de nombramientos. 19 de sus 79 plazas están vacantes.
Junto a este informe los vocales tienen sobre la mesa otro documento de la Asociación Profesional de la Magistratura que reclama que el Poder Judicial pueda culminar los nombramientos que se estaban tramitando cuando entró en vigor la reforma que prohíbe cubrir vacantes con el mandato caducado porque considera que, legalmente, es posible.