La Cadena SER ha tenido acceso al documento de más de 500 folios que el grupo de expertos ha entregado al Consejo del Poder Judicial para que empiece a trabajar en el informe a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El texto avala, con pequeñas correcciones técnicas, la reforma porque pone en el centro los derechos fundamentales, pero alerta de que para la entrada en vigor del nuevo modelo que atribuye a la Fiscalía la investigación de los delitos es necesario reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal para dotar al Ministerio Público de una mayor independencia en línea con los informes de la Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción.

El informe subraya que "no existe principio constitucional que sitúe al Fiscal General del Estado a las órdenes del Poder Ejecutivo", pero añade que, a diferencia de lo que ocurre con el reglamento de la fiscalía europea, el estatuto del Ministerio Fiscal "no contiene una prohibición expresa y taxativa de dirigir al Fiscal General del Estado órdenes o indicaciones de ningún tipo". Además, señala que las comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía General deben estar justificadas por razones de interés general, hacerse por escrito y desapareciendo, salvo en casos excepcionales, la posibilidad de que el Fiscal General sea llamado para informar al Consejo de Ministros.
Para ello, reclama que el cese del jefe de la Fiscalía no se produzca con el fin de la legislatura. De esta forma, "cada concreta actuación del fiscal que investiga será percibida como objetiva y escrupulosa, alejada de decisiones partidistas" y no se "ensombrece la garantía de independencia".
El agente encubierto
El grupo de expertos también valora positivamente que los agentes encubiertos solo puedan actuar con autorización judicial para que "no se produzcan dudas sobre la vulneración de los derechos fundamentales y la validez de la actuación y pruebas obtenidas por el agente encubierto como consecuencia de una designación e intervención exenta del necesario control judicial previo". A renglón seguido piden cambios en esta regulación.
Dicen que revelar la identidad del agente encubierto debe ser "excepcional" para así poder "permitir su actuación en futuras investigaciones". También apuestan por ampliar sus funciones porque "dado el restringido ámbito de aplicación del agente encubierto, ello podría conllevar la pérdida de informaciones relevantes sobre delitos de gravedad no cometidos en el seno de una organización criminal, pudiendo resultar adecuado regular un uso más amplio y tasado de dichas informaciones en otros procesos".
El secreto de las actuaciones
Los expertos dedican un apartado a las investigaciones declaradas secretas y el trabajo de los periodistas. Piden una "reforma en profundidad del régimen y de las garantías de la publicidad porque el carácter reservado resulta ilusorio". Solo hay, se lamentan, un deber genérico de reserva que "resulta muy difícil de cumplir, especialmente si el incumplimiento no viene acompañado de claras consecuencias jurídicas" para las fuentes de información. Es necesario, concluyen, "un régimen sancionador que haga real su exigibilidad".
El documento lo firman el magistrado de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, y los jueces Juan José López Ortega y María Dolores Hernández.