El fiscal solicita sendas penas de cinco años de prisión para cuatro funcionarios de la prisión de la cárcel de Can Brians, a los que acusa de un delito de lesiones supuestamente cometido en 1993, cuando propinaron una brutal paliza a un preso. Entre los acusados se encuentra Ángel Colmenar Launes, que cuando ocurrieron los hechos era el jefe de servicio de la cárcel y el secretario general de la Unión Sindical de Trabajadores de la Administración de USO. El resto de los acusados son Roberto Vera, Francisco Martínez Martínez y Sagrario Capdevila Justibró.

El juicio del caso ha sido fijado para el próximo mes de marzo en la Audiencia de Barcelona; la acusación particular, ejercida por el letrado Guillermo Sánchez Lineros, reclama ocho años de cárcel para cada funcionario por torturas. En el banquillo se sentará también, Ismael C. P, quien también participó en los hechos y que fue quien los desveló. El fiscal le aplica la atenuante de arrepentimiento espontáneo y reclama para él dos años de prisión, mientras que la acusación lo reduce a seis meses. Los incidentes ocurrieron sobre las 23 horas del 28 de febrero de 1993, cuando el interno Miguel Ángel R. M. se encontraba en una celda de aislamiento y solicitó un médico argumentando que padecía fiebres y mareos, según el fiscal. La acusación considera que lo que exigió fue su medicación psicotrópica, que le era negada. En cualquier caso, su protesta fue desatendida por los funcionarios, al considerar que les estaba engañando. Pese a esta pasividad, el interno siguió reclamando un médico a gritos. Al cabo de unos minutos, un grupo de siete funcionarios encabezado por Colmenar y provisto de porras acudió al lugar y sacó al preso a golpes, según la acusación pública. Uno de los funcionarios le propinó un pisotón en la cara y el preso fue conducido a la llamada celda del cangrejo, una zona de la prisión completamente insonorizada. El fiscal explica en su escrito que, una vez allí, el recluso fue esposado a un somier y golpeado reiteradamente durante unos 20 minutos. El médico de la cárcel certificó después que el recluso padecía "contusiones múltiples". Al cabo de unos días, uno de los acusados remitió un anónimo al director de la prisión explicando sintéticamente lo ocurrido. Semanas después, envió otro escrito con su identidad, autoinculpándose por su pasividad ante unos hechos que relataba con todo detalle. La Generalitat expedientó a siete funcionarios por lo ocurrido.