Los grupos políticos PSOE y Unidas Podemos van a presentar una transaccional mediante la que pretenden reformar la enmienda de Esquerra al delito de malversación, con la que aspiran a impedir modificación alguna de las penas actuales de hasta 12 años de prisión para las autoridades o funcionarios que se apropien o desvíen para un tercero el patrimonio público. Es lo que quieren denominar como malversación apropiatoria.

La propuesta pretende condenar otras dos conductas más que son la malversación de uso, que castiga con 6 meses a tres años a quien emplee de forma temporal patrimonio público para un fin privado sin apropiárselo; y el que ahora se va a denominar desvío presupuestario irregular, ajeno a la tipología de los delitos contra la corrupción pero que castiga con entre uno y cuatro años de cárcel a quienes destinen patrimonio público a un fin público distinto al presupuestado.
Este desvío presupuestario pretendía ser despenalizado por Esquerra Republicana de Catalunya, y además de los 4 años de prisión, PSOE y Unidas Podemos proponen una pena de inhabilitación de hasta 6 años.
Rebajas al independentismo
La propuesta de los partidos del Gobierno provocará rebajas de las condenas y acusaciones a los independentistas inculpados por el procés y en principio, solo a ellos, pues según la mayoría de juristas consultados sus conductas encajarían en la nueva fórmula del "desvío presupuestario irregular", con hasta cuatro años de cárcel.
El desvío irregular pretende penar a quienes destinen el patrimonio público a otro fin, también público, pero distinto al presupuestado. Y ahí, otros juristas advierten que los independentistas acusados "no cambiaron simplemente de uso el patrimonio público sino que lo destinaron a un fin delictivo".
Este desvío irregular presupuestario tiene además "riesgos", según estas fuentes, porque penaría con un máximo de 4 años de cárcel a un alcalde extremista que destinara parte de su presupuesto para un objetivo político al margen de la Constitución, cuando esta conducta, con el actual delito de malversación, podría haberle acarreado hasta 12 años de cárcel con todos los agravantes.
Por lo demás, la propuesta de PSOE y Unidas Podemos, a la espera de conocer la letra pequeña de todo el articulado, cierra a priori la puerta a beneficios para los corruptos, porque mantiene las penas e incluso endurece la posibilidad de atenuantes para aquellos que malversen dinero público para sí o para terceros.
No podrán lograrse beneficios con la devolución del dinero en cualquier momento del procedimiento. La colaboración tendrá que ser efectiva y la devolución, siempre antes del juicio oral.