Ya llevamos tiempo advirtiendo de la situación creada por el bloqueo del partido Popular a la reforma del Poder Juduicial, advirtiendo de la inédita postura de algunos jueces, atrincherados, para evitar la renovación de algunos magistrados del Tribunal Constitucional. Advirtiendo del deterioro que esto supone para algunas instituciones, advirtiendo del papel que se han arrogado algunos magistrados participando de manera clara y transparente en una campaña política.

Cada paso que se ha dado en este sentido, tanto por la derecha política como por la derecha judicial, ha ido poniendo a la justicia de este país en una situación límite. Pero lo que va a pasar en las próximas horas supone ya un salto cualitativo que no solo afecta a la justicia, sino que afecta directamente a nuestro sistema democrático.
El Tribunal Constitucional ha convocado para esta mañana, a partir de las diez, un pleno extraordinario para decidir si frena el mecanismo que ha propuesto el Gobierno, un cambio de mayorías, para que se pueda renovar, precisamente, y de una vez por todas, el Constitucional. Este pleno extraordinario del Alto Tribunal se va a celebrar cuando ya esté en marcha el pleno en el Congreso que debe votar este nuevo mecanismo para su renovación.
Es una situación inédita, otra más, la urgencia con la que el Constitucional quiere resolver el recurso presentado por el PP, pero también el hecho de que irrumpa en el Parlamento, antes de una votación, para intentar evitar que la Cámara cumpla con su cometido, que es legislar. Lo que pretende el Constitucional es que no sea el poder legislativo quien decida sobre su reforma, teniendo en cuenta la parálisis a la que le ha sometido el Partido Popular, sino que sean ellos mismos, su mayoría conservadora, la que decida, y decida según la estrategia política del Partido Popular. Por cierto, el presidente del Tribunal, quien convoca este pleno, tiene desde hace ya tiempo el mandato caducado.
Llamen ustedes a esto como quieran, pero que sea el Constitucional, en estrecha connivencia con el PP, quien decida qué se debate y qué se vota en el Congreso, donde reside, ya saben ustedes, la soberanía popular, es de una gravedad extrema. Es muchas cosas, y muy gruesas, pero lo que seguro que hay es un comportamiento profundamente antidemocrático.