El PSOE trata de evitar que el Tribunal Constitucional suspenda la votación del Congreso sobre la reforma judicial exprés. El grupo socialista ha presentado un recurso de amparo en el que piden que se le dé "trámite de alegaciones" antes de adoptar una resolución porque Reacciona así al recurso del PP contra el cambio del Código Penal de los delitos de sedición y malversación, donde se han incluido también modificaciones sobre la regulación del propio TC y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los socialistas esgrimen que la decisión del tribunal tendría "una incidencia directa en el derecho fundamental de todos los diputados de imposible reparación". Isaura Leal, como secretaria general de los socialistas en la Cámara, firma el escrito con el que demandan al Constitucional que se le tenga "por personada" y se considere a su grupo "opuestos a cualquier medida cautelar solicitada", solicitando además que "no se adopte medida cautelar alguna".
El PP presentó este miércoles un recurso al TC, en el que pide a la suspensión del trámite legislativo como medida cautelarísima por la decisión del PSOE y de Unidas Podemos, autores de la iniciativa de reforma judicial exprés, de colgar de ella una modificación que afecta a los jueces, ajena a la propuesta legislativa inicial. Esto ha provocado que el Constitucional haya convocado esta mañana un pleno de urgencia, en el que por primera vez se pone sobre la mesa la posibilidad de paralizar un trámite parlamentario del Congreso de los Diputados.  

Ante esta situación el PSOE esgrime en su escrito que "como parte del procedimiento legislativo objeto del recurso del amparo" y "ante la urgencia de la medida cautelar solicitada" cuando , añaden, "no se nos ha dado traslado de este aún ni emplazado para comparecer en el proceso, siendo evidente nuestro interés legítimo como parte del mismo", se les tenga por personados.
Precisamente, por la urgencia de la petición del PP de paralizar o no la votación de este jueves, aducen que debe "dársenos trámite de alegaciones". Los socialistas ponen en duda que en estos momentos del trámite legislativo los populares puedan reclamar al TC la suspensión de la votación porque, según la propia doctrina del tribunal, se trata de una medida de carácter extraordinario y aplicación restrictiva que se admite sólo cuando el acto impugnado provoque consecuencias que no son reparables o de difícil reparación.
Algo que, según el PSOE, no sucede en este caso porque el procedimiento legislativo no ha concluido. Aunque la reforma se aprobara este jueves en el Congreso aún tendría que refrendarla el Senado. Subrayan también que la jurisprudencia del tribunal marca que la adopción de una medida cautelarísma (la que solicita el PP y donde no es necesario escuchar a las partes) está condicionada a que no produzca una "perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido". Es evidente, destacan, que en este caso "la suspensión de todo o parte de un procedimiento en curso en el Congreso afectaría a uno de los principios de nuestra democracia".
"El ejercicio de la potestad legislativa de las Cortes Generales es una de las bases del Estado de Derecho y acordar la suspensión de un procedimiento que se está desarrollando en este momentos supondría afectar directamente al mismo", señalan. Impediría, también, que los diputados "ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias por lo que se vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes". "Una injerencia" que colocaría al TC en "una posición que no le corresponde", aseguran, de la que "no existen precedentes".
Por último recuerdan que debe prevalecer el principio de legalidad de los acuerdos del Parlamento. "La autonomía parlamentaria es también objeto de protección constitucional" y la adopción de esta medida cautelarísima la "pondría en cuestión" pues conllevaría "presumir de falta de legalidad" de las decisiones de la Cámara.