La sala de lo penal del Tribunal Supremo estudia este martes los efectos de la ley Montero que rebaja las penas a los agresores sexuales con el caso del Arandina. Algunos magistrados, consultados por la SER, quieren emitir una nota pública al término de la reunión para poner fin a la disparidad de criterios de las Audiencias Provinciales. Diez de las 52 que hay en España se han desmarcado del criterio del Fiscal que se opone a revisar las condenas cuando la pena impuesta al violador con arreglo a la ley anterior sea posible con la Ley Montero.

Otras tres audiencias se han alineado con el Ministerio Público. La última, Navarra que tiene sobre la mesa la condena a uno de los miembros de La Manada que ha pedido la revisión. Hay otros territorios en donde no ha habido reunión, pero en los que sus decisiones nos dan pistas. Es el caso de Galicia que ha excarcelado a un violador y ha rebajado una condena y de Cantabria que ha rebajado la condena de 18 a 11 años a dos violadores en aplicación de la ley del sólo sí es sí como ley penal más favorable.
Fuentes del alto tribunal señalan a esta emisora que no se puede unificar doctrina en esta materia y que hay que estudiar caso a caso. Añaden que cuando haya penas máximas y mínimas rebajadas con la nueva ley, habrá que aplicarlo en base al principio de ley penal más favorable. Sin embargo, cuando la pena esté dentro de la horquilla prevista en la ley del sólo sí es sí, tendrán que valorar si procede o no la rebaja.