El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral a las formaciones catalanas PdeCat y CDC y a los extesoreros de esta última Germá Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca por el denominado 'caso del 3%', la estructura puesta en marcha supuestamente para financiar a dicho partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública.

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cinco acuerda la apertura de juicio oral respecto de un total de 30 personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y de 16 personas jurídicas, mientras que decreta el archivo provisional parcial para Juan Antonio Carpintero.

El magistrado declara a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento de estos hechos y da un plazo de tres meses a las representaciones de los encausados para presentar sus escritos de defensa.

El auto de apertura de juicio oral recoge los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés. El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
La decisión del juez Pedraz llegados años después de que el entonces juez instructor, José de la Mata, dictase en julio de 2020 un auto de pase a procedimiento abreviado, poniendo fin a una investigación que se inició en 2015 por actuaciones irregulares en Torredembarra (Tarragona) y que a medida que fue creciendo se remitió a la Audiencia Nacional en 2018 debido a la "grave repercusión" para la economía española.
Anticorrupción pide más de 20 años y tres millones de euros
La Fiscalía Anticorrupción solicitó la semana pasada penas de más de 20 años de prisión para los acusados y una multa de tres millones de euros para el PdeCAT por la "estrategia para el financiamiento ilícito" que se habría realizado "sistemáticamente" a lo largo de los años en su predecesora política, la extinta Convergència Democrática de Cataluña (CDC), en el marco del conocido como 'caso del 3%'.
Anticorrupción pide imponer la multa al PDeCAT al considerar que, "lejos" de ser "un nuevo partido independiente" de CDC, su nacimiento se entiende como "la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente, CDC".
El Ministerio Público detalla que en el período de 2008 a 2015 "altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta".
La Fiscalía calcula que los ingresos que CDC recibió de sus fundaciones mediante esta operativa "significaron una fuente de financiación del partido que supuso, en el período comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012, una media del 11,5% de la financiación privada del partido y de un 7,7% en la financiación total" de la formación.
Era, prosigue el escrito, "una actuación sistemática": se recibía dinero de empresarios que se convertía en ingresos para CDC, "sin la mácula de su origen ilícito", y paralelamente estos empresarios eran beneficiados con adjudicaciones de obra pública.