El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo que la vivienda social regresa a España después de muchos años abandonada por los dirigentes políticos. De esta manera, el próximo Consejo de Ministros, que tendrá lugar este martes, aprobará un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social, de las cuales 21.000 viviendas estarán a disposición de municipios y comunidades autónomas.
En este sentido, el Gobierno impulsará el alquiler social con las 14.000 viviendas ya habitadas y promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sareb. De esta forma, la vivienda social vuelve al centro del debate político.
Las viviendas construidas han seguido creciendo –un 8,6% más en el último año registrado–, pero a años luz de los años de la burbuja. El año pasado se terminaron en España 84.091 viviendas, cuando entre 2004 y 2008 se hacía más de medio millón anual (el pico se tocó en 2006 con 597.632: 7 veces más). Dicho eso, aquel boom de la construcción no sólo no frenó sino que calentó todavía más los precios.

Así, la apuesta del Gobierno es la de recuperar una figura que ha sido olvidada en los últimos 30 años: la vivienda y el alquiler social. Es un viraje muy importante el que se dibuja este martes en el Consejo de Ministros. Desde los años 90, la construcción de vivienda social se ha abandonado. Ahora se pretende resucitar. Desde los 90 ha caído un 94%, prácticamente es anecdótica y el alquiler social ha desaparecido.
Para entender el tamaño del problema: hoy se construye un 2,6% de vivienda social, mientras que en los 80, casi una de cada dos viviendas que se hacían era vivienda social (el 47,7%).
Si el Gobierno desarrolla 50.000 viviendas en un año significa que de un año a otro se va a multiplicar por 25 la oferta de alquiler social. Así que este cambio es, si sale adelante, uno de los más significativos y reclamados por los organismos internacionales a nuestro país en mucho tiempo en materia de vivienda.